La licencia inmobiliaria que viene: qué propone la ley de intermediación

Hoy, en República Dominicana, cualquier persona puede ofrecer y vender inmuebles de terceros sin una licencia. Eso podría cambiar. El Senado aprobó un proyecto de ley que regula la intermediación inmobiliaria y la publicidad engañosa, y que exigiría una licencia a quienes se dediquen a este oficio. Todavía no es ley: falta que lo apruebe la Cámara de Diputados y que se dicte su reglamento.

En qué etapa está

Senado. Lo aprobó en primera lectura el 23 de abril de 2026 (Senado de la República) y en segunda lectura, por unanimidad, el 29 de abril (Diario Libre). El texto fusiona tres iniciativas y lo presentaron los senadores Rafael Barón Duluc, Félix Bautista y Eduard Alexis Espiritusanto.
Cámara de Diputados. Está en estudio en comisión como la iniciativa 05786-2024-2028-CD, que figura en la agenda de comisiones del 1 de septiembre de 2026. Al 12 de noviembre de 2026 no encontramos noticia de que la Cámara lo haya aprobado.
Después. Si se aprueba y se promulga, el Poder Ejecutivo deberá dictar un reglamento que defina cómo se obtiene la licencia y qué requisitos se piden (Guzmán Ariza).

Qué propone el texto aprobado por el Senado

Licencia de operación. Toda persona física o jurídica que quiera ejercer como intermediario inmobiliario tendría que obtenerla, y según Diario Libre se renovaría cada año.
Un órgano rector. La licencia la emitiría una nueva Dirección General de Registro, Control e Intermediación Inmobiliaria, dentro del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), con facultades para supervisar y fiscalizar el sector.
Un registro público. Según el análisis de Guzmán Ariza, habría un registro público y gratuito para que el comprador verifique si quien le ofrece un inmueble está autorizado.
Obligaciones del agente. Entre ellas, informar al cliente sobre compromisos y riesgos, verificar la información pública del inmueble y firmar, antes de cualquier operación, un documento escrito que detalle el servicio y la comisión.
Publicidad engañosa. Se considera engañosa toda información que pueda inducir a error sobre las características, la disponibilidad, el precio, las condiciones de venta o la entrega de un inmueble, en línea con la Ley 358-05 de Protección al Consumidor (Senado de la República).
Sanciones. Desde amonestaciones y multas hasta la suspensión de la licencia y la exclusión del mercado. Entre las faltas más graves: operar sin licencia, ofrecer un inmueble sin autorización escrita del propietario y cobrar comisiones no pactadas por escrito.
Lo que no sería intermediación. La asesoría legal de los abogados, la venta directa del propietario y las operaciones de apoderados debidamente autorizados.

Qué cambia para quien compra o vende

Si la ley se aprueba, podrá comprobar si su agente tiene licencia antes de entregarle una propiedad o un depósito. Mientras tanto, la recomendación es la misma que la ley propone: trabaje con quien le entregue por escrito el acuerdo de servicio y la comisión, y con quien tenga autorización escrita del propietario para ofrecer el inmueble.

Qué conviene hacer desde ya, si usted ejerce

Formalícese antes de que sea obligatorio. Acuerdos de servicio y autorizaciones por escrito, y expedientes ordenados.
Documente su trayectoria. Operaciones, formación y referencias: lo que demuestra experiencia hoy le servirá cuando llegue el registro.
Revise su publicidad. Precios, metrajes y fotos que correspondan a la realidad del inmueble.

Una palabra para el agente independiente

Si usted trabaja por su cuenta, el momento de prepararse es ahora, no cuando la ley ya esté vigente. Cuando llegue el cambio, quien tenga sus contratos en orden, su trayectoria documentada y una estructura que lo respalde seguirá trabajando con tranquilidad. Quien lo deje para después corre el riesgo de quedarse atrás.

Si quiere conversar sobre cómo prepararse, por su cuenta o con un equipo que ya trabaja así, escríbame. Son 20 minutos, sin compromiso.

Contenido informativo, no es asesoría legal. El texto final puede cambiar en la Cámara de Diputados y en el reglamento. Estado verificado el 12 de noviembre de 2026 en las fuentes enlazadas.